Marco Sifuentes llama la atención sobre el proceso iniciado por el MINCETUR para completar las armonizaciones legislativas pendientes desde la época del TLC con EEUU en temas de propiedad intelectual. Aunque el nombrecito "sopa criolla" me parece triste, no por ello deja de ser importante considerar lo que es posible hacer o no hacer en estos temas.

El Perú está obligado a armonizar su legislación en un montón de temas, cortesía de los tratados de libre comercio; tenemos que proteger con la misma exageración aquellas industrias que han logrado, a punta de cabildeos, que los estados las traten como si fueran fundamentales para el desarrollo de sus economías. En el caso de las industrias culturales, el problema principal es que varios estados han optado por tragarse una narrativa falaz sobre protección de los creadores intelectuales a cambio de garantizar modelos de negocios obsoletos. Es un tema recurrente en este blog.

Sin embargo, hay una transacción de por medio. Si el estado contemporáneo, que Sandra Braman llama estado informacional, tiene una característica, es ceder la gestión de los temas económicos a un sector concreto de la economía, sea el financiero o en este caso el de las industrias culturales, a cambio de obtener cada vez más control sobre los aspectos que nadie le cuestiona: la vigilancia de la acción política. Efectivamente, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos pueden ser protegidas de distintas maneras a cambio de ser agentes privados de la vigilancia estatal.

Así pues, la falta de transparencia en el proceso legislativo peruano, que Sifuentes denuncia, es una parte del problema. Al encargársele a un consultor externo la consulta y elaboración del anteproyecto, todo parecía indicar que al menos se haría algo más público, si bien no muy original (consultas a los stakeholders de la industria sin opiniones de la sociedad civil ni pedidos de información abiertas es como lo mismo de siempre, que no es particularmente efectivo para formular políticas originales). Ahora todo parece inclinarse al modelo de siempre: opacidad y al final, una norma con facilidades para ciertos sectores y sin debate sobre los efectos sobre otros sectores. No es una cuestión de personas, sino de procesos.

Pero esto es, si me permiten el giro algo mareado, la punta del iceberg. El estado peruano debería ir más allá de declaraciones vagas y establecer cómo va a proteger a los ciudadanos antes que nada, y esto incluye promover alternativas de política pública que no se queden en la narrativa fallida de la protección de los derechohabientes, y garantías de protección ante la vigilancia digital. Mucho pedir quizá, pero por lo menos es importante que pidamos.

Eduardo Villanueva Mansilla